Generalmente
la naciones tal como las conocemos hoy, son un reflejo de cómo lo han sido en
sus orígenes. En nuestro mapa genético está presente el autoritarismo despótico
de los gobiernos coloniales, y las características extractivas de la economía
atlántica.
Los
gobiernos que surgieron después de 1826 y hasta la promulgación de la
constitución de 1853/60 cambiaron el origen, pero no las formas de gobernar,
las que se debatían entre el autoritarismo y la anarquía. A partir de la
Constitución del 1860 surgen tres presidentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda,
que dan lugar al llamadas “presidencias históricas” que sin lugar a dudas se
apoyan en el espíritu y letra de la constitución del 60. Estas tres
presidencias son las que dieron prestigio a la nación en todo el universo.
A partir
de 1880, el Partido Autonomista Nacional apoyado por
la élite económicamente poderosa que se cimentaba en la ganadería,
(Argentina no participo de la Revolución Industrial) gobierna la nación
con mayores éxitos que fracasos, pero alejadas de cualquier forma de pluralismo
político, ya que una amplia franja de la población era ajena al ejercicio del
poder. Durante este periodo, el poder se lo reparten casi como si de un juego
se tratara, entre amigos, socios y parientes pertinentes al PAN, mientras los
disidentes se abstienen en los procesos electorales viciados en sus formas.
Debemos destacar que esta forma de concebir la democracia, dio origen
a diversas batallas cívico militares, las que forzaron a la promulgación de la
Ley del voto secreto y obligatorio, concebida por Roque Sean Peña y promulgada
durante su presidencia. Esta ley abre el camino al pluralismo político, permitiendo
la llegada al poder a gobiernos de raigambre popular.
A partir
del golpe militar de 1930, impulsado por militares que veían con agrado el
fascismo, instalan en Argentina una forma de gobernar que aún perdura: EL DESPRECIO POR EL ESTADO DE DERECHO.
Los militares no estaban solos, las viejas guardias anti yrigoyenistas y la
élite económicamente fuerte vinculada a la única industria que tenía el país,
la ganadería y sus derivados, apoyaron con mayor o menor empeño la aventura
militar, considerando que era la forma de preservar sus negocios y estilo de
vida. Este proceso desembocará en la dictadura democrática del general Perón
(golpista en la revolución de 1943) apoyada por una inmensa base popular, la
que azuzada por su líder, desata una aberrante división en la sociedad que aún
perdura.
La
Constitución progresista de 1860 consagró entre otras disposiciones que tendían
a preservar el Estado de Derecho, la figura de la Corte Suprema de Justicia, a
la cual le otorga entre sus atribuciones, determinar la constitucionalidad de
las leyes. Evidentemente este organismo independiente, era y sigue siendo un
obstáculo para cualquier gobierno a la hora de sancionar leyes que, por
ejemplo, tienen como destino imponer el autoritarismo, mandatos ilimitados,
manipular la economía, los medios y un largo etc.
Desde
Peron hasta la fecha, todos los presidentes constitucionales y de facto
modificaron la configuración de la Corte para que esta le fuera adicta; Peron
en sus dos versiones, los militares cuando gobernaron, Alfonsín, Menem, y la
actual administración K, todos han forzado y manoseado a la Corte con el objeto
de debilitar el Estado de Derecho, al tiempo que consagran el autoritarismo. Si
bien no lo han conseguido en todos los casos –hay que destacar a magistrados
como el Dr. Fayt que no se dejaron sobornar- cada día están un poco más cerca.
No
obstante ello, el solo hecho de estar gobernados por personas que persiguen
como fin último su permanencia en el poder es destructivo para la ciudadanía,
dado que el autoritarismo va unido a restricciones económicas, a la anulación
de libertades y a una forma extractiva de recursos vía impuestos y otros
gravámenes que empobrecen a la nación, mientras la élite gobernante se
enriquece.
En este
momento nos encontramos atrapados en este círculo vicioso del que por el
momento no está claro que se vaya a salir. Es por ello y con el objeto de
comprometer públicamente a todos los candidatos a la presidencia, he propuesto la
firma del ACUERDO POR
LA REPÚBLICA. Esto conlleva el doble propósito del compromiso para quienes
lo suscriban y la necesidad de explicar a la ciudadanía aquellos qué no aceptan
un Acuerdo de carácter institucional, el porqué de su negativa.
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