Inflación, el costo político paraliza las decisiones necesarias
Los dirigentes político-sindical SABEN que la inflación es
un problema monetario. Ello quiere decir que SABEN que es un problema racional
y por lo tanto su corrección es factible dentro del campo de la lógica. Ahora
bien, ellos NUNCA LO RECONOCERÁN EN PÚBLICO y seguramente no esté en su génesis hacer nada hasta que la realidad se imponga y nos lleve por delante una vez más.
Para entendernos, al decir “problema monetario” estamos
diciendo exceso de papel moneda respecto de la capacidad de la economía de absorberlo
y crear riqueza, a su vez ello dispara los precios, aumenta la velocidad de
circulación de la moneda y cuando esto se expande en demasía aparece la “hiper”.
Ahora bien, una pregunta, ¿porque hay tanta oferta (emisión) de dinero?, una
sola respuesta: por el desmesurado gasto del Estado en su conjunto (todas las
administraciones) que al exceder su finciamiento genuino que es la recaudación
fiscal, requiere exclusivamente de emisión de papel moneda (ello por la imposibilidad de financiarse externamente). Por lo tanto el origen de la
emisión de dinero y su consecuencia la inflación DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DEL GOBIERNO QUE ALIMENTA EL GASTO PÚBLICO. A su vez el gasto público en grandes trazos se divide en gasto
de funcionamiento (gastos corrientes, sueldos mayoritariamente), asistencia
social, pensiones y jubilaciones y la inversión en obras y servicios, incluidos
aquí los subsidios. Si bien la inversión no debe considerarse estrictamente un
gasto, a la hora de las facturas hay que pagarlas con pesos.
Por lo tanto si hay que gastar menos en el sector público, considerando
que no se pueden tocar las pensiones y jubilaciones ordinarias, sí habrá
que: 1) eliminar aproximadamente un millón de puestos de trabajo innecesarios, 2)
crear las condiciones para que los planes sociales se conviertan en trabajos
formales, 3) crear las condiciones para
que el crecimiento de la economía genere nuevos puestos de trabajo que entre
otros, absorban en parte el millón de desempleados públicos (considerar aquí
que la mayoría deberían ser retiros voluntarios por atracción de oferta privada
y jubilaciones anticipadas) y 4) que las inversiones en obras públicas se
realicen con recursos del sector privado, por ejemplo, un “Plan Laura” para la
construcción de la red de autopistas.
El “problema” reside en que si el gobierno toma estas medidas
para tener éxito en materia de inflación y crecimiento económico, en el corto
plazo se generará un costo político que no es menor, y ello puede llevar a
perder las elecciones de 2017 lo cual implica hacer aún más difícil la
gobernabilidad y poner en jaque las elecciones de 2019.
Ahora bien, SI TODOS LOS LÍDERES POLÍTICOS, algunos de ellos
futuros presidentes, asumen que esta tarea es una CUESTIÓN DE ESTADO, que
cualquiera de ellos que hubiese estado en el sillón de Rivadavia se hubiese
encontrado en este dilema, y bajo esta lógica acompañan al gobierno en la
readecuación del sector público, el
costo político asumido entre todos resulta ser nulo. Ahí me gustaría ver a
todos los líderes políticos y sindicalistas junto a Mauricio Macri; ahí se verá
si la grandeza que parece haber en muchos líderes es real o un simple acto
demagógico.
En definitiva se trata de adoptar políticas de austeridad contra lo que venía
ocurriendo, que era gobernar como si se nadara en la abundancia, y hacer de la eficiencia una virtud frente al recurso
del gasto público enloquecido tal y como ocurrió en la última década. Si
queremos tasas de desocupación bajas y crecimiento económico sostenido, lo que
no podemos hacer es mantener políticas distorsivas ni controles estalinistas.
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