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jueves, 20 de abril de 2017

GASTOS E IMPUESTOS, UNA CUESTIÓN DE TODOS

No me gusta hablar de la reducción del Gasto respecto del PIB, ya que esto lleva a interpretaciones de tipo populista cuando se trata de corregir el desajuste; como si de magia se tratara, los populistas dicen licuar el déficit sin hacer recortes, solo esperando que el crecimiento del PIB lo licue. Mucho hay que crecer y por muchos años para ello ocurra (nada fácil), y siempre y cuando no sigamos gastando más y más, algo difícil de creer.... por ahora.
Si como sociedad no entendemos que el exceso de gasto público una vez más nos llevara a la ruina, es que no hemos aprendido nada de lo ocurrido en los 70 años pasados. La reducción del gasto no es un tema de un gobierno, sino de toda la sociedad (o al menos de gran parte de ella). Sí es responsabilidad del gobierno, instrumentar las medidas necesarias para obtener consenso, ya que por imposición tampoco se logrará nada bueno.
Si yo estuviese en el lugar del Presidente, promovería una ley por la cual el PE deberá en los próximos cuatro Presupuestos Generales, llevar a cabo una disminución real del gasto, de por lo menos 26.000 millones de dólares. Paralelamente y en la misma medida que se reduce el gasto, se llevará a cabo a una reducción de la presión fiscal, eliminando impuestos distorsivos y rebajando alícuotas. La disminución de la presión tributaria estaría en torno al 10% por año. El hecho de llevar adelante esta tarea que en rigor de verdad es privativa del Ejecutivo, es que afecta más de un periodo presidencial, aunque el verdadero valor de producir estas medidas por ley, es el consenso que ello requiere.
La cuenta del carnicero diría que si bajo gastos en la misma medida que ingresos estaría en el mismo lugar, pero aquí está la clave, que la economía no siempre se ajusta a la matemática. El solo hecho de que por ley se fije el valor de la reducción de gastos e impuestos creará una confianza en la gente que, no solo aventará el riesgo político, sino que la rebaja de impuestos actuara como un mana, creando inmediatas inversiones y actividad económica, la que no solo agrandaran la base de recaudación (ingresos), sino que se crearan puestos de trabajo, lo cual combatiría la indigencia y se llevaría la pobreza a niveles de países desarrollados. Es muy posible que estas dos medidas sorprendentemente nos deje en el tercero o cuarto año superávit, lo cual nos permitirá destinar esos fondos a mejorar la calidad de vida de la población, apuntando a las inversiones en educación, salud y nunca a gastos corrientes.

La propuesta es simple, nadie en su sano juicio debiera cuestionarla, ya que no afecta solo a este periodo de gobierno y al ser aprobada por ley, reparte el costo político de la medida. Evidentemente que en los primeros meses la sociedad en su conjunto sufrirá los mayores costos de la supresión de subsidios y que muchos empleados se verán alejados de sus puestos de trabajo en el Estado (nacional y provincial), vía jubilaciones anticipadas, despidos o racionalización y reconversiones de planes sociales en trabajo real, viéndose compensados estos trasvases por la mayor actividad que generara la dinámica privada. El costo de haber creado artificialmente trabajo público ya lo estamos pagando a un altísimo precio que no es sostenible; el rebalanceo de la estructura del empleo estatal versus el privado es la clave para solucionar el déficit crónico del Estado. Habrá otros nichos de donde reducir gastos, pero subsidios y personal (estructura burocrática) se llevan la palma en la reducción del gasto.

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