Ante la peligrosa deriva de la situación en Cataluña, la parálisis en
la resolución del cris y la imposibilidad de compatibilizar posiciones dogmáticas
fríamente calculadas, el Gobierno de España tiene la obligación de utilizar las
medidas constitucionales que tiene a su alcance.
Para ello debe sin dilación: 1) disponer lo previsto en el Art 155 de
la Constitución recuperando todas las competencias en Cataluña. 2) Disponer la detención
de todo el gobierno catalán por el delito de sedición. 3) Dispuesto lo previsto
en el 155, disolver las Cortes Generales y 4) llamado a nuevas elecciones
generales para diciembre, dando lugar a que el pueblo español se exprese a la
luz de los acontecimientos.
Así, y desde la creencia que el nuevo gobierno contaría con una
mayoría suficiente para gobernar España con autoridad, y al tiempo que se den las condiciones
sociales y políticas necesarias y suficientes en Cataluña, restablecer su vida institucional.
La formación de un nuevo Gobierno debe posibilitar que España recupere
la tranquilidad política, y es ahí cuando considero tocará discutir qué se
hace con el actual sistema autonómico, y si se considera necesario su
reformulación, tramitar una nueva Constitución, un nuevo contrato social. Es posible
que un proceso de esta naturaleza traiga el sosiego que España necesita para
continuar en la senda del recrecimiento.
Rajoy tiene la obligación de dar un golpe de autoridad para disuadir el golpe al Estado por parte del gobierno de la Generalidad y así disuadir cualquier intento de movimientos secesionistas presentes o futuros.
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