No me gusta hablar de la reducción del Gasto respecto del
PIB, ya que esto lleva a interpretaciones de tipo populista cuando se trata de
corregir el desajuste; como si de magia se tratara, los populistas dicen licuar
el déficit sin hacer recortes, solo esperando que el crecimiento del PIB lo licue. Mucho hay que crecer y por muchos años para ello ocurra (nada fácil), y siempre y cuando no sigamos gastando más y más, algo difícil de creer.... por ahora.
Si como sociedad no entendemos que el exceso de gasto público
una vez más nos llevara a la ruina, es que no hemos aprendido nada de lo
ocurrido en los 70 años pasados. La reducción del gasto no es un tema de un
gobierno, sino de toda la sociedad (o al menos de gran parte de ella). Sí es responsabilidad
del gobierno, instrumentar las medidas necesarias para obtener consenso, ya que
por imposición tampoco se logrará nada bueno.
Si yo estuviese en el lugar del Presidente, promovería una
ley por la cual el PE deberá en los próximos cuatro Presupuestos Generales, llevar
a cabo una disminución real del gasto, de por lo menos 26.000 millones de dólares. Paralelamente y en la misma medida que se reduce el gasto, se llevará a
cabo a una reducción de la presión fiscal, eliminando impuestos distorsivos y rebajando
alícuotas. La disminución de la presión tributaria estaría en torno al 10% por
año. El hecho de llevar adelante esta tarea que en rigor de verdad es privativa
del Ejecutivo, es que afecta más de un periodo presidencial, aunque el
verdadero valor de producir estas medidas por ley, es el consenso que ello
requiere.
La cuenta del carnicero diría que si bajo gastos en la misma
medida que ingresos estaría en el mismo lugar, pero aquí está la clave, que la economía
no siempre se ajusta a la matemática. El solo hecho de que por ley se fije el
valor de la reducción de gastos e impuestos creará una confianza en la gente
que, no solo aventará el riesgo político, sino que la rebaja de impuestos actuara
como un mana, creando inmediatas inversiones y actividad económica, la que no
solo agrandaran la base de recaudación (ingresos), sino que se crearan puestos
de trabajo, lo cual combatiría la indigencia y se llevaría la pobreza a niveles
de países desarrollados. Es muy posible que estas dos medidas sorprendentemente
nos deje en el tercero o cuarto año superávit, lo cual nos permitirá destinar
esos fondos a mejorar la calidad de vida de la población, apuntando a las inversiones
en educación, salud y nunca a gastos corrientes.
La propuesta es simple, nadie en su sano juicio debiera cuestionarla,
ya que no afecta solo a este periodo de gobierno y al ser aprobada por ley,
reparte el costo político de la medida. Evidentemente que en los primeros meses
la sociedad en su conjunto sufrirá los mayores costos de la supresión de
subsidios y que muchos empleados se verán alejados de sus puestos de trabajo en
el Estado (nacional y provincial), vía jubilaciones anticipadas, despidos o racionalización
y reconversiones de planes sociales en trabajo real, viéndose compensados estos
trasvases por la mayor actividad que generara la dinámica privada. El costo de haber
creado artificialmente trabajo público ya lo estamos pagando a un altísimo precio
que no es sostenible; el rebalanceo de la estructura del empleo estatal versus
el privado es la clave para solucionar el déficit crónico del Estado. Habrá
otros nichos de donde reducir gastos, pero subsidios y personal (estructura burocrática)
se llevan la palma en la reducción del gasto.
